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Mala Cosecha reportaje Sin Anestesia
16 abril, 2018

Miguel Ángel Martínez sólo conoce el atún en una lata, nunca lo ha pescado y nunca ha intentado adentrarse en el Golfo de México por esta especie. El pequeño motor de su lancha apenas le sirve para adentrarse unos cuantos kilómetros de la costa.

Miguel Ángel recoge lo que las redes quieren, algunas veces jurel, otras veces sierra, o puede ser camarón siete barbas si es temporada, pero también muchas veces las redes regresan vacías.

Para este pescador que vive a orillas del Río Grijalva en Centla, Tabasco, el atún está fuera de su mundo, al igual que para los ocho pescadores de la Cooperativa Ejido Palmar, que él preside.

Esta minúscula organización fue escogida por la Universidad Autónoma de Zacatecas para investigar sobre las cadenas productivas del atún en el litoral del Pacífico, un proyecto con pescadores artesanales del Golfo de México que no conocen el atún y por el que la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) pagó siete millones de pesos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación.

Siete millones que ni Miguel Ángel ni su cooperativa han visto en efectivo, o en insumos o en obras para su beneficio, siete millones de pesos que servirían para incentivar la producción pesquera y para devolver la esperanza a quienes, como Miguel Ángel, quieren abandonar el oficio heredado por sus padres.”

Reportero: “¿Qué haría con siete millones?”.

Miguel Ángel Martínez, presidente de Cooperativa Ejido Palmar: “Con siete millones soy feliz; un terrero, compro (Inaudible) y con eso tengo para vivir, me voy a tierra.

Reportero: “¿Deja el mar y se va a la tierra?”

Miguel Ángel Martínez: “Sí, les dejo el mar”.

Miguel Ángel recuerda que en 2015 varias personas de la Universidad Autónoma de Zacatecas visitaron la cooperativa para proponerles un estudio sobre el atún, les dijeron que no les costaría y les pidieron a los pescadores los papeles de la organización, los enviados de la universidad desaparecieron.

De ellos volvieron a saber meses después, cuando un biólogo les trajo impreso el estudio del que les hablaron, los pescadores nunca se imaginaron que esto los llevaría a ser parte de una “mala cosecha”, que su cooperativa había sido utilizada para presuntamente desviar recursos públicos.

Miguel Ángel guarda una copia del documento, pero no sabe que fue hecho con información de Internet, en específico de ocho sitios sobre pesca, como ha documentado la Auditoría Superior de la Federación.

La historia se repitió con Román Contreras y los socios de la cooperativa Gallineta de Centla, que agrupa a 14 lanchas y emplea a unas 40 personas. El personal de la Universidad Autónoma de Zacatecas les dijo que realizaría un estudio sobre las cadenas productivas del camarón en el Pacífico, les pidieron los papeles de la cooperativa y les aseguraron que el estudio serviría para solicitar futuros apoyos a la Sagarpa, jamás regresaron.

La Sagarpa pagó ocho millones 250 mil pesos por esta investigación que tiene información de Wikipedia y de por lo menos otras 25 fuentes de Internet. Ni la Cooperativa Gallineta de Centla ni su presidente recibieron recursos públicos ni fueron beneficiados.

Román sigue viviendo de la pesca diaria que vende a intermediarios locales, así ha sido los últimos 40 años. El esfuerzo de toda una vida le permitió levantar una pequeña casa de cemento para sus cuatro hijos en la orilla del Grijalva. El río es el patio trasero de la vivienda, donde se acumulan desperdicios, redes y utensilios de pesca.

Román Contreras, socio de la Cooperativa Gallineta de Centla: “No, olvídese, con ocho millones de pesos puede tener una afiladora de camarón, pero por falta de recursos no hemos podido elaborarla, porque estamos al día, estamos al día con lo que agarramos, traemos, vendemos y volvemos a traer, pero no tenemos revolventes. Se imagina con ocho millones de pesos, ¡No!”.

En esta zona de Tabasco otras dos cooperativas pesqueras fueron utilizadas por la Universidad Autónoma de Zacatecas, según ha documentado la Auditoría Superior de la Federación. La Sociedad del Machín de Centla, presidida por Juan Contreras, fue visitada por funcionarios de la Universidad para involucrarla en un proyecto por el que se pagaron siete millones de pesos; ni Juan ni la cooperativa recibieron el dinero.

Tampoco Policarpo Gómez, ni su cooperativa Pantanos de Centla Anita, vieron los siete millones de pesos que la Sagarpa habría pagado por un proyecto relacionado con cultivos de ostión, tilapia y camarón.

La Sagarpa reportó que, a través de su Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, estas cuatro cooperativas de Centla habían sido apoyadas en 2015 con más de 29 millones de pesos; sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación no tiene ni rastro de que el dinero llegara a los beneficiarios.

Las cuatro cooperativas que habrían servido para hacer el supuesto desvío de recursos públicos con parte de la Federación, la Hermandad de Centla, una agrupación de 20 sociedades y 300 pescadores que se han acostumbrado a las estafas gubernamentales. Román Contreras recuerda que no es la primera vez que los engañan.

Rubén Contreras: “Digo, a veces el gobierno, no sé, ellos buscan su beneficio, es mentira que nadie está buscando el beneficio de nosotros, nos dicen puras mentiras, nosotros estamos convencidos de eso, que nadie viene por querer ayudar, sino porque se ayude él mismo, porque realmente cuando uno ve el interés de la persona, es diferente, porque han venido proyectistas que nos han engañado, que el proyecto, pero hay que dar tanto y todo, y a la mera hora”.

Lejos de Tabasco, a mil 200 kilómetros de distancia, el presunto fraude se replicó ese mismo año. En la ciudad que forman Zamora y Jacona, Michoacán, tres productores en una cooperativa fueron reportados por la Sagarpa como beneficiarios de cuatro proyectos que en conjunto sumaban más de 28 millones de pesos.

Uno de los involucrados fue Ramón González, agricultor desde hace 37 años. Ramón tiene cinco hectáreas ejidales donde siembra fresa, un cultivo que le ha permitido mantener a su familia y construir una modesta casa en la colonia 20 de noviembre de Zamora. Este campesino no podía creer el oficio que recibió de la Auditoría Superior de la Federación, el documento lo ponía como parte de un proyecto relacionado con ganado ovino, por el que la Sagarpa pagó siete millones 300 mil pesos, pero él nunca ha tenido ovejas ni animales de granja.

La sorpresa para Ramón fue doble, su hijo Jesús González, de 25 años de edad, quien le ayuda a cuidar su terreno agrícola, apareció como beneficiario de otro proyecto, por el cual se le habrían entregado 7.5 millones de pesos. En este caso ni Ramón ni Jesús fueron visitados por trabajadores de la Universidad; ellos aseguran que no firmaron ningún documento ni recibieron el dinero.

La Auditoría Superior de la Federación documentó que en 2015 la Secretaría de Agricultura firmó convenios con 36 beneficiarios, en donde la Universidad Autónoma de Zacatecas actuó como intermediaria.

Al revisar los informes de trabajo de los beneficiarios, encontró que 32 no fueron hechos por la Universidad ni por proveedores contratados; el contenido de los informes dice la Auditoría, salió de diversas páginas de Internet.

Para seguir el rastro del dinero, la Auditoría buscó a los involucrados y les solicitó información, así confirmó que Miguel Ángel, Román, Policarpo, Juan, Ramón, Jesús y otros nueve beneficiarios no firmaron ningún papel con la Sagarpa ni con la Universidad Autónoma de Zacatecas. La Auditoría presume que se usaron de forma indebida datos personales y se falsificaron documentos.

Este esquema es el mismo que habrían utilizado funcionarios de Sedesol y Sedatu bajo la administración de Rosario Robles; los servidores públicos entregaron contratos multimillonarios a universidades para evadir licitaciones y asignar el dinero a empresas privadas o a supuestos proveedores, un escándalo de seis mil 500 millones de pesos que tiene la secretaria Robles bajo la lupa.

La Sagarpa también habría utilizado otros dos métodos para desviar recursos públicos, según ha documentado la Auditoría Superior de la Federación. El primero fue clonar campesinos, los padrones de beneficiarios en los recibos de pago, la Auditoría Superior de la Federación encontró que una huella digital se repetía cientos de veces, de esa forma, una gran parte del dinero se habría entregado a campesinos inexistentes que cobraron con una misma huella.

El segundo método fue el de la doble mesa, en éste, funcionarios de las Sagarpa hacían firmar un recibo a los campesinos en una mesa y en la otra les entregaban un apoyo menor al que habían acordado.

Todos los métodos apuntan en una dirección: un entramado que significó el presunto desvío de tres mil 500 millones de pesos del erario, miles de millones de pesos en efectivo que se podrían manejar discrecionalmente, una “mala cosecha”.

De acuerdo con fuentes de la Auditoría Superior de la Federación, las investigaciones tienen en la mira a dos exfuncionarios de la Sagarpa, al mexiquense Ricardo Aguilar Castillo, exsubsecretario de Alimentación y Competitividad, que hoy busca una diputación por el PRI; y a José Calzada Rovirosa, titular de la Secretaría cuando se realizaron estas operaciones.

“Sin Anestesia”, Mario Gutiérrez Vela.
Foto: @CarlosLoret



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